Durante siete horas, el Pleno de la Asamblea discutió este martes 7 de agosto del 2018 el informe sobre el veto a Ley de Fomento Productivo. Se trata de la segunda ley de carácter económico urgente que propone el gobierno de Lenín Moreno y que aprueba el Legislativo.
El proyecto de Ley, que fue aprobado el pasado 21 de junio por la Asamblea, recibió 66 objeciones del Ejecutivo. Este martes, el Pleno debía decidir si se allanaba; es decir, si acataba las objeciones presentadas por el Presidente, o si insistía en el texto ya aprobado el mes pasado por los legisladores. Los asambleístas decidieron votar las 66 objeciones agrupándolas en tres bloques, según lo recomendado por Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que elaboró el informe para el debate en el Pleno.
En el primer bloque se agrupó la mayor parte de las objeciones del Ejecutivo, en las que la Comisión recomendó al Pleno, allanarse. En este primer grupo se incluyeron temas relacionados con incentivos para atraer nuevas inversiones; remisión de multas, intereses y recargos; la disposición para que el Estado garantice arbitrajes a los inversionistas para solucionar controversias, entre otros temas. Con 84 votos a favor, el Pleno acogió las recomendaciones del Ejecutivo.
En el segundo grupo se incluyeron los artículos relacionados con las normas macrofiscales, con las que el Gobierno espera alcanzar el equilibrio primario hasta el 2021; es decir, reducir a cero el déficit presupuestario de manera que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos del Estado, sin tomar en cuenta el pago de intereses por concepto de la deuda pública. En ese período el Ejecutivo planteó que no rija el techo del 40% de deuda en relación al PIB y estableció excepciones para cumplir las reglas fiscales en caso de catástrofes. La Comisión planteó al Pleno allanarse a estas normas. Sin embargo, no se alcanzaron los votos para esta propuesta: solo 56 de 122 asambleístas votaron a favor y la mayoría (63 asambleístas) se abstuvo. Luis Fernando Torres, asambleísta del Movimiento Cambio, explicó que al no haber alcanzado los votos requeridos, los artículos de este bloque de temas quedarán tal como el Ejecutivo los planteó.
En el tercer grupo se incluyeron seis artículos en los que la Comisión planteó al Pleno que se ratifique en lo aprobado en junio pasado. Uno de ellos fue el numeral cuatro del artículo 47, en el que el Legislativo había establecido que se revisen a la baja los costos de los servicios financieros. En este artículo, con 124 votos a favor, la Asamblea decidió ratificarse.
Otro tema en el que hubo una ratificación por unanimidad fue en la obligatoriedad de que la Junta Monetaria fije tasas especiales para el sector agrícola y ganadero.
Dos temas acapararon la mayor parte de la discusión en la que intervinieron 22 asambleístas. Uno fue la remisión tributaria, con la que el Gobierno espera recaudar USD 600 millones este año con la condonación de intereses, multas y recargos. El beneficio rige para obligaciones con 11 entidades públicas como: Servicio de Rentas Internas, Aduana, etc.
Los asambleístas de la bancada correísta criticaron que la Ley proponga esta medida “que beneficia a los empresarios más ricos y exitosos del país”, dijo el asambleísta Mauricio Proaño. El segundo tema fue el relacionado al límite de endeudamiento. Homero Castanier, de la bancada de Creo, insistió en que eliminar el techo de endeudamiento sin poner normas de reducción anual de gasto es un peligro.
Fuente: EL COMERCIO

 

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