Si alguien conoce cómo se lucha contra el narcotráfico es Diego Molano. En 2003, fue coordinador del componente social del Plan Colombia, en el gobierno de Álvaro Uribe. Ha dirigido programas de Acción Social e incluso coordinó el Programa Midas, de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, Usaid. Y, más recientemente, en el Gobierno de Iván Duque, fue Ministro de Defensa.
En octubre de 2022 participó en la XIX Convención Internacional del Banano, para ofrecer una ponencia sobre el trabajo de seguridad realizado en su país. Molano es administrador de empresas, especialista en Relaciones Internacionales y máster en Administración Pública. En 2023, será candidato a la Alcaldía de Bogotá.
¿Cómo se ve a Guayaquil y a Ecuador desde Colombia?
Conocemos la preocupación que existe en la ciudad por el incremento de los indicadores de violencia. Es muy similar a lo que vivimos en algunas ciudades colombianas hace unas décadas. Hay un fenómeno creciente de factores del narcotráfico que afectan cadenas productivas, y otro que se deriva del microtráfico, que se toma las ciudades y afecta a los jóvenes, quienes son empujados a consumir y vincularse a grupos delictivos. Eso genera violencia en las comunidades y una serie de delitos como las extorsiones. El tema portuario es otro eje que preocupa del narcotráfico.
¿Cuál es la acción que recomienda para esa arista?
Tener, como en Colombia, un área para coordinar el tema de seguridad específico para cada sector. No es solo puertos, es desde las zonas agrícolas: fincas, empacado, transporte, embalaje, puerto y embarque. Desarrollamos programas para fortalecer la seguridad. Cada empresa cumplía un papel. Los scaners son una salida.
¿Quién debe financiarlos?
En mi país, salió del presupuesto de la Policía y del Ministerio de Defensa. También hemos tenido apoyo de Estados Unidos.
¿Cuál es el rol de la empresa privada y exportadores?
Eso se logró en Colombia gracias al impuesto al patrimonio. Fue el aporte de los privados. Las extorsiones son precisamente un asunto que se va hoy de las manos de las autoridades ecuatorianas.
¿Qué haría usted en su lugar?
Lo vimos en Colombia. El narcotráfico mutó y crea ecosistemas criminales, buscan controlar rentas en un territorio. No son empresarios los únicos afectados, sino trabajadores, tenderos… Uno de los principales elementos que trabajamos en Colombia fue el Gaula, un grupo antisecuestro y antiextorsión que montamos en Ejército y Policía. Con ellos sestionaba el trabajo de inteligencia y se concretaban las denuncias. Este trabajo no habría sido posible sin el trabajo multidisciplinario entre estas dos fuerzas y la Fiscalía, que judicializaba esas denuncias. Otra acción fue que, contra las técnicas de amedrentamiento, como disparos, también se formaron escuadrones antidisparos, para controlar ese tipo de fenómenos. Nuestras autoridades parecen estar luchando en terreno en el que tienen poca experiencia. Hay mucha crítica en el tratamiento de esta problemática. Se habla de un plan integral, pero este se desdibuja.
¿Hacia dónde deben ir las acciones de Ecuador?
No me atrevería a decirles qué tienen que hacer, pero puedo contar qué hicimos en Colombia, donde el fenómeno del narcotráfico se negó por muchos años, por lo que tomó unas dimensiones que llegaron a desbordar la capacidad institucional, al punto de que el país llegó a ser considerado Estado fallido en los ochenta y noventa. Aún tenemos problemas no resueltos, pero logramos identificar al narcotráfico como la mayor amenaza de la seguridad nacional, la estabilidad institucional y la economía. Y eso, a su vez, nos llevó a fortalecer las instituciones, especialmente las fuerzas militares y a la Policía, y, por supuesto, a entender que para hacerlo necesitábamos recursos.
¿Y cómo lo consiguieron?
Se crearon recursos. Hubo en la época impuesto al patrimonio y otro impuesto contra la guerra, específicamente destinado a fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. Eso permitió que los uniformados asuman responsabilidades funciones y roles en la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, a partir de allí, nuestra fuerza aérea asumió el rol de controlar el espacio aéreo en el tema. Las narcoavionetas hoy ya no salen de Colombia, sino de Venezuela. La fuerza naval, control de rutas, botes de bajo calado para control de ríos. Y el Ejército creó un comando especial para erradicar cultivos y destruir laboratorios.
¿Qué hay del trabajo interinstitucional, como gobiernos locales?
Cada país es muy diferente. En Colombia, la Policía es una, está bajo el mando del Ministerio de Defensa. En la administración del presidente Iván Duque creamos una Ley de Seguridad Ciudadana especialmente para lograr mejor coordinación entre alcaldías, gobernaciones y policías, materializada en planes que apuntan a detectar crímenes y fortalecimiento institucional.
¿Y cuál es el camino de ese trabajo coordinado?
El esfuerzo integral es importante. Cada vez que avanza la seguridad, se deben gestionar programas sociales en las zonas más afectadas por la violencia que eran intervenidas. Tenemos ejemplos de los que estamos muy orgullosos, como Medellín. La seguridad es un valor democrático. Invertir en la seguridad no es invertir para proteger a los ricos ni a los empresarios, sino para proteger la integridad de todos.
¿Qué mensaje deja a las autoridades de Ecuador en el marco de esta problemática?
La seguridad debe ser vista como un valor democrático. Invertir y trabajar en seguridad es la mejor forma de garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos. Cuando hay una amenaza se debe trabajar con valentía. El narcotráfico genera temor; el temor, apatía; la apatía, indiferencia. Ecuador está a tiempo para luchar contra el narcotráfico.
*Extractos tomados de entrevista realizada por Diario El Comercio
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